LA SOCIEDAD DIJO NO A LA LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y EL PROCESO SE DETUVO…

En diciembre del 2017, mientras la “discusión” y posterior aprobación de la Ley de Seguridad Interior ocupaba la atención de los medios, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) del Senado, Presidida por la senadora Ninfa Salinas, agilizó el trámite de una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), que comprende también la abrogación de la Ley General de Vida Silvestre y reformas a la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas. Dicha iniciativa fue aprobada y de inmediato se turnó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Esa iniciativa estaba detenida en el Senado, por las reacciones que provocó en diferentes sectores sociales, debido a las graves inconsistencias que contiene respecto de la gestión institucional que resultaría con su aprobación; a la falta de cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) respecto de la obligación de consultar a las comunidades indígenas sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pudiera afectarles, y a la evidente intención privatizadora y entreguista de la riqueza biológica del país, del patrimonio natural de las comunidades indígenas y campesinas y de su conocimiento tradicional.

Bajo esta directriz, el Diputado Arturo Álvarez Angli, también del PVEM y Presidente de la COMARNAT en la Cámara de Diputados, quiso dar un albazo y repetir la estrategia que sus correligionarios emplearon en el Senado, pero se topó con la realidad, con una realidad desconocida para él y los integrantes de su bancada, una realidad ocupada por miles de hombres y mujeres del México de hoy, informados, preparados, dispuestos a trabajar unidos y a defender hombro con hombro el patrimonio natural de la Nación: hombres y mujeres de a pie, pescadores, campesinos, estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores del campo y de la ciudad, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, incluso servidores públicos, que a todo lo largo y ancho del país rápidamente articularon redes de colaboración y gestión, incluso de cabildeo directo con los legisladores, para informar de los atropellos contenidos en dicha iniciativa, y preparar las impugnaciones que se requirieran con su aprobación.

Con este fin se integró la “Coalición Ciudadana Ante a la Ley General de Biodiversidad”, conformada por más de 200 organizaciones, que además del acompañamiento en corto del proceso legislativo y de sus principales actores, mantuvo el tema en los medios y apoyó y difundió el trabajo de una gran cantidad de colectivos que desde lo local informaron a la sociedad de lo que sucedía, y que con una gran responsabilidad construyeron la base social requerida para que la gestión realizada para detener la pretendida LGB, expresara verdaderamente la demanda –el reclamo- social.

Ante esta gran movilización ciudadana, surgieron expresiones extraordinarias de respeto y solidaridad desde todos los sectores sociales, incluso desde el gubernamental: las comisiones de Cambio Climático y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el Titular de la CONABIO, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural, y algunos congresos estatales, se pronunciaron en el sentido de que no se presentara la iniciativa, ya como proyecto de decreto, al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, sin antes haber consultado a los pueblos indígenas conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, y abrir un diálogo amplio e incluyente con la sociedad.

Fue este mismo criterio el que prevaleció en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y que provocó que a falta de consensos el Diputado Álvarez Angli retirara la solicitud de que la minuta se llevara al pleno.

A cuatro sesiones de que termine el periodo ordinario de sesiones de esta Legislatura, aunque el proceso está detenido, la iniciativa de LGB no ha sido desechada. En esta coyuntura, ante un México colmado de ciudadanos, de mujeres y hombres, de esperanzas que se conectan e interactúan cada vez más, con más dinamismo y fuerza que nunca; ante este México nuevo, los legisladores tienen la oportunidad histórica de detener lo que se ha hecho mal, de rectificar y de actuar en aras del interés de la Nación.

En FASOL formamos parte de la “Coalición Ciudadana Ante la Ley General de Biodiversidad” y nos congratulamos de la intensidad, la responsabilidad y el compromiso con el que se ha articulado esta gran red de participación ciudadana en la que todos estamos aportando lo que nos toca, en nuestros espacios, con nuestras capacidades y nuestros recursos, para reivindicar los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas del país sobre su patrimonio natural y su conocimiento, y el derecho de todos los ciudadanos a ser tomados y a participar en las decisiones de los gobiernos, especialmente cuando estas afectan al medio ambiente.

Cuando las personas se reúnen, platican, se informan y son capaces de ponerse de acuerdo, de manifestarse y tratar de incidir juntos en la actuación de los gobiernos, en una gestión colectiva bien sustentada, con el objeto de cuidar y defender lo que es de todos… entonces las cosas van bien.

Va un gran saludo cargado de solidaridad, esperanza y gratitud.

Lic. Manuel Tripp Rivera
-Coordinador del Programa de Fortalecimiento y Construcción de Capacidades/ Director de Centro FASOL-